La pesca ilegal en Malvinas y el proyecto de Ley de Defensa de Soberanía

El Poder Ejecutivo Nacional envió el 17 de septiembre de 2026 al Congreso, el proyecto de «Ley de Defensa de la Soberanía Nacional» (MEN-2026-275-APN-PTE). Si bien la iniciativa busca agravar sanciones e incorporar juicios en ausencia para la exploración ilegal de petróleo —apuntando al yacimiento Sea Lion—, comete una omisión imperdonable: ignora por completo la legislación pesquera vigente (Leyes 24.922, 26.386 y 27.564). Se concentra en los recursos no renovables y deja desprotegido a nuestro recurso renovable más apetecido por el colonialismo.

EL DESPOJO EN NÚMEROS Y LA SOBERANÍA EN JUEGO 

La pesca en el Atlántico Sur no es un mero hecho comercial; es una cuestión social, económica y de integridad territorial. De 1989 a la fecha los buques extranjeros en Malvinas han capturado –según las estadísticas del gobierno ilegal de las islas- un promedio de 250.000 toneladas anuales de recursos pesqueros argentinos; situación que sirve además para debilitar la soberanía argentina en las islas y sus aguas correspondientes.

Esa proteína marina de excelencia equivale a alimentar a más de 3 millones de personas al día. Mientras el país sufre altos índices de pobreza, buques españoles, taiwaneses y coreanos se apoderan impunemente de nuestro calamar y merluza en las aguas de Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur, amparados por licencias ilegales británicas.

EL PRECEDENTE CHILENO: CUANDO LA LEY SE APLICA, FUNCIONA 

El Gobierno argumenta la necesidad de marcos teóricos novedosos, pero la realidad destruye la excusa: las herramientas legales ya existen. El mayor ejemplo ocurrió en 2016, cuando la Autoridad de Aplicación argentina sancionó con la multa máxima prevista en la Ley Federal de Pesca 24.922 a la Empresa de Desarrollo Pesquero de Chile S.A. (EMDEPES). ¿El motivo? En 2014, su buque Unión Sur operó con permiso británico en zonas adyacentes a Malvinas. La empresa chilena se allanó y pagó la multa.

Aquel caso sentó un precedente inapelable: si hay decisión política, la ley argentina se acata. No faltan leyes; falta voluntad de aplicarlas.

AUTORIDADES Y CONTRADICCIONES OFICIALES

La Prefectura Naval y la Armada Argentina poseen atribuciones legales suficientes para fiscalizar e interceptar buques sin trazabilidad ni certificado de origen nacional. La inacción oficial convierte al Estado en cómplice por omisión.

Entre los anuncios de restitución de Javier Milei y sus elogios a Margaret Thatcher se abre una grieta insostenible. Pretender defender la soberanía con discursos rimbombantes mientras se omite la depredación pesquera y petrolera es pura cháchara. La soberanía no es una abstracción de ideas teóricas: se ejerce en el mar o se regala en el escritorio y en la práctica.

Dr. César Augusto Lerena
Experto en Atlántico Sur y Pesca
Presidente del Centro de Estudios para la Pesca Latinoamericana (CESPEL)
cesarlerena.com.ar